PAGOS POR DEFORESTACION EVITADA EN COLOMBIA

En la pasada Conferencia de las Partes sobre el cambio climático en Copenhague, el gobierno colombiano puso de manifiesto su compromiso por reducir la deforestación, en una cumbre donde la mayoría estuvo de acuerdo que dicho fenómeno, a nivel mundial, es responsable de hasta un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En efecto, uno de los desenlaces más importantes de la cumbre fue la aprobación de un fondo de 35 millones de dólares por parte de los gobiernos de Australia, Francia, Japón, Noruega, Gran Bretaña y Estados Unidos como solución de corto plazo para detener la deforestación y por ende el cambio climático; Colombia espera beneficiarse del fondo con recursos que superen los 20 mil millones de dólares.

Sin duda, el tema es relevante para el país al contribuir con la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero si mantiene el 51% de su territorio, 578.000 km cuadrados de selva. No obstante surge el interrogante sobre las implicaciones del uso de los aclamados fondos en el contexto colombiano para evitar la deforestación de su territorio. El presente artículo tiene como objetivo abrir la discusión sobre cómo el tema de deforestación en Colombia se abordará en la nueva era Copenhague; así como cuestionar el mecanismo financiero, esquema REDD por sus siglas en inglés “reducción evitada de emisiones de GEI por deforestación” planteado para tratar este problema.